En el último Consejo de Ministros del verano, el ministro Manuel Castell ha anunciado, justificando en parte su mantenimiento en el cargo, una nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario —LOSU— que, como las anteriores —LRU y LOU—, textualmente busca acabar con la precariedad laboral de los docentes, hacer más accesible la educación superior y dotarla de mayor calidad, en una afirmación, que supone un claro agravio comparativo para todos los que ya hemos finalizado, hace algunos años, los estudios universitarios.

El texto, en vez de intentar reformar de una manera consensuada, moderna y eficaz nuestro actual sistema universitario, se pierde en cuestiones tan peregrinas como la elección del rector —cargo para el que ya no será necesario ser catedrático—, o bien equipara como faltas muy graves y similares, el plagio de una tesis doctoral con una novatada de un imberbe de primero, eso sí, siempre que se produzca en el ámbito de un centro universitario. 

Esta nueva ley no abre casi ningún camino a las nuevas especialidades de la Odontología —tampoco reflejadas en una ley propia—  y, lo que es peor, no mejora la actual situación de la docencia en nuestras facultades, limitando la necesaria renovación de los profesores, abriendo una sospechosa vinculación con la formación profesional, facilitando las homologaciones e impidiendo lo que nuestra profesión viene reclamando desde hace años: poner realmente en valor la figura del profesor asociado como aquel profesional que aporta su prestigio a la universidad, sin la necesidad imperiosa o inmediata de su consolidación contractual. 

A partir de ahora, cada universidad tendrá que adaptar esta ley a su realidad social, pero ello no impide que nuestra profesión se sienta hoy decepcionada ante la lectura de un texto poco innovador e impropio de un University Professor de la Universidad del Sur de California.