Nuestra flamante ministra de Sanidad ha vuelto a anunciar, con pompa y platillos, un nuevo Plan de Salud Bucodental dotado con 68 millones de euros, que será distribuido de manera equitativa entre las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Una cifra nada desdeñable, pero que repartida entre los 50 millones de españolitos, supone poco más que el coste de un tubo de dentífrico en un supermercado.

Para más inri, las medidas deberán ejecutarse en un plazo máximo de tres años desde la transferencia efectiva de los fondos lo cual, a su vez, implica que el millón de ciudadanos que entre 65 y 80 años fallecerá en ese período de tiempo tampoco lo disfrutarán. El plan se ha diseñado sin el consenso del Consejo, ni la opinión de los expertos en Odontología. Y eso se nota.

Eso sí, la distribución de fondos en los mayores responderá a criterios de justicia sanitaria, envejecimiento activo y desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Mientras tanto, alguien parece que sigue confundiendo la demagogia política con el cuidado de los que menos tienen.