El Consejo General de Dentistas ha presentado las necesarias alegaciones al anteproyecto de Ley de ordenación de las profesiones sanitarias. Un documento en el que no solo se expresa la lógica preocupación e indignación de nuestros compañeros, sino que traslada la exigencia de la profesión para reclamar seguridad jurídica y respeto al marco de competencias lo que debería suponer, si la política fuese razonable, el reforzamiento de nuestra actual posición como facultativos sanitarios.

Lejos de insistir en argumentos que le competen al Consejo General, el cual no me cabe duda, ha presentado un documento sesudo, lleno de reflexiones positivas y entretejido por los numerosos asesores de alto nivel que le rodean. Creo que este editorial debe centrarse en el desbarajuste social al que nos conducen nuestros actuales gobernantes.

No hay que ser muy espabilado para saber que muchos de los actuales ministerios se encuentran dirigidos por personas mediocres, que suelen confundir convicción y fanatismo con conocimiento, ocurrencia con decisión estratégica y reivindicación con reflexión.

De hecho, asistimos a un fenómeno paradójico, porque cuanto más complejo es el sistema tecnológico, sanitario o educativo, más proliferan los líderes incapaces de comprenderlo, aunque se erigen en caudillos de sus destinos, con costosas campañas de imagen y numerosos asesores a los que se les exige un solo dato en el curriculum: ser más incapaces e indocumentados que el propio gerifalte.

Hasta entonces, mantengamos la calma, porque este anteproyecto no se aprobará al no contar el Gobierno con una mayoría cualificada y suficiente, pero mientras tanto, en una prueba más de su genialidad, nos mostrarán la zanahoria para que miremos hacia otro lado, convencidos de que, con sus tretas, aún son capaces de convencer a alguien.